No es debidamente atendida en Chile la
violación de la libertad individual de trabajadores en el aparato público
(estatal y municipal), laborando bajo vínculo funcionario, a contrata o
mediante honorarios.
Entre otros factores, porque su origen o instigación puede incluir,
también, a autoridades superiores, y por su eventual encubrimiento
político-partidario, implementándose climas de incondicionalidad conductual y
silenciamiento colectivo.
También, porque sus perpetradores directos se ubican
en favorable situación jerárquica, incidiendo o influyendo en la permanencia –o
no permanencia- de los trabajadores en sus empleos.
La
violación -y lesión- puede ser mayor, especialmente en la contratación pública bajo
honorarios, despojada de básica estabilidad; no es casual que sus miles de trabajadores
carezcan de organización gremial.
Se
vulnera la dignidad y la integridad personal; se lesiona la libertad individual,
la autodeterminación en esferas íntimas. Más grave aun al cometerse en un
vínculo condicionado por la necesidad: el imperativo de subsistencia familiar obliga,
también tratándose de profesionales y técnicos.
