SUBCONTRATO:
REGULACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MUERTE.
Aunque
agentes de La Moneda -partiendo por el Gobernador provincial- le hayan
calificado de “accidente”, la muerte
de Nelson
Quichillao López fue
homicidio, con ejecutores directos (carabineros) y con inductores mediatos
(responsables mayores): el Gobierno, a cuyo cargo se maneja el orden interior y
bajo cuyo mando está Carabineros según lo establece la ley 18.961, orgánica
constitucional de Carabineros.
TRASFONDO: LA
SUBCONTRATACIÓN.
Más
allá de la conducta de la cúpula de Codelco, el trasfondo radica en el abusivo
e injusto régimen legal de subcontratación laboral, que permite a cualquier
empresa externalizar mediante otras -con más baja calidad laboral-
prácticamente todo su proceso, incluso faenas principales, es decir, su
actividad esencial o propia.
Ya
la denominación de subcontrato señala o evidencia su índole (el prefijo “sub” significa “por debajo”, “inferior”);
y, en verdad, implica un contrato laboral de inferior trato o condiciones. Nunca
entendible ni justificable para faenas principales de cada empresa. Y así se calificaba
hace décadas: “Los trabajos inherentes a la producción
principal y permanente de una industria, o de reparación o mantención
habituales de sus equipos y que no sean de los tratados en los incisos segundo
y tercero de este artículo, no podrán ser ejecutados a través de contratistas o
concesionarios...”. (ley 16.757, de
1968, artículo 1, inciso 1°).
No
obstante, posteriormente la dictadura abrió la puerta a tal contratación
incluso en faenas esenciales de la misma empresa, y la Concertación aseguró tal abertura. En verdad, nunca ha buscado
eliminarla.
APARENTANDO CONSTITUIR UNA “REFORMA”, LA LEY 20.123, DE
2006, CONTINUÓ PERMITIENDO A LAS EMPRESAS SUBCONTRATAR, INCLUSO PARA EJECUTAR GIRO
PRINCIPAL.
La tramitación de dicha ley abarcó
tanto el gobierno Lagos como el de Bachelet. Ambos, y la Concertación en pleno, avalaron y aprobaron conservar tal vicio.
En el año 2006, reconociendo que el
60% de los trabajadores de las empresas estatales son empleados subcontratados,
el entonces subsecretario del Trabajo, Zarko
Luksic, confesaba
dos semanas después de aprobada la ley, que esta “permite que se continúe subcontratando personal para el giro principal
de la empresa…” (“La Tercera”, edición electrónica de 31 de mayo de 2006).
La hipocresía continuó en 2007. El
entonces ministro del Trabajo, hoy diputado, Osvaldo Andrade, expresaba que “la ley permitirá terminar con la existencia de trabajadores de distintas categorías”.
(“La Nación”,
edición electrónica de 15 de enero de 2007).
E instruyeron a la Dirección del
Trabajo (su subordinada jerárquica), a interpretar la nueva ley precisamente
con ese “detalle”. Patricia Silva, entonces directora y hoy en el Ministerio del
Interior, resolvía: “No existe
impedimento legal alguno para que la empresa principal externalice obras o
servicios propios de su giro” (dictamen 2468/053, de 9 de julio de 2007).
El
Gobierno tiene cuota mayor de responsabilidad, por conservar el imperante
régimen de subcontratación y por mandatar a Carabineros a reprimir a balazos.
Pero más reprochable es el papel hipócrita y encubridor de aquella dirigencia
sindical manejada desde La Moneda, que opera sobre y dentro del sindicalismo
chileno, encubriendo o torciendo la verdad.
