Vicios en contrataciones de empresa CAINSA, reveladas por muerte de Rudy Ortiz Martínez.




Irregularidades e ilícitos evidenciados en el texto del último
contrato individual de trabajo de Cauchos Industriales S.A. , CAINSA,
con Rudy Ortiz Martínez

RUDY ORTIZ MARTÍNEZ, trabajador de 22 años, falleció en la madrugada del viernes 21 de octubre del 2016 mientras laboraba para la empresa contratista CAINSA en el interior del molino SAG propiedad de MINERA ESCONDIDA, empresa principal o mandante, en Laguna Seca, región de Antofagasta. Fue aplastado contra el interior del molino por un brazo de una máquina lainera, operada por otro trabajador dependiente de la misma empresa CAINSA.
Aunque ilícito, era habitual que sus contratos de trabajo (por faena determinada), les fueran entregados con posterioridad al término de aquella.
De allí, ni RUDY ni su familia poseían el texto del contrato individual durante cuya ejecución murió.
Sólo con fecha 24 de noviembre, y después de requerirlo, un miembro de la familia recibió, mediante correo electrónico de un agente de la empresa, un texto, en formato pdf.
Observarlo genera la idea de constituir un montaje, al hacer aparecer, o presentar como “regular”, la contratación y la voluntad del trabajador.
Plagado de errores graves, e incongruencias respecto de todos los otros textos contractuales del mismo RUDY ORTIZ, partiendo por el desajuste entre las fuentes de letras, utilizando al menos dos, como si fuese parches o montajes.

1. FIRMA ALTERADA DEL TRABAJADOR:
En el texto de contrato que la empresa envió a la familia, al final, aparece, sobre el nombre de “RUDY ENDRIX ORTIZ MARTINZE” [sic] una firma que no era de RUDY.
Texto de contrato individual con rasgos fraudulentos, circunstancia evidente al observar su pretendida firma y cotejarla con otros documentos, por él verdaderamente suscritos.
Añadiéndose, en pie de firmas, aparece un formato y palabras identificatorias no usadas en otros textos contractuales.
En verdad, la firma de Rudy Ortiz Martínez era la siguiente:



2. INDIVIDUALIZACIÓN ALTERADA:
Su nombre era RUDY HENRY ORTIZ MARTÍNEZ, y en todo otro documento empresarial así fue denominado por años. Sin embargo, en este específico texto contractual aparece el nombre de “RUDY ENDRIX ORTIZ MARTINZE” [sic].

3. LOGOTIPO O MEMBRETE Y FORMATO DE CONTRATO INCONGRUENTE:
En extremo superior izquierdo, membrete o logotipo de empresa Cainsa no se ajusta a ningún otro contrato anterior, añadiendo mención a “cauchos industriales”, mención sólo utilizable en formularios de Liquidación de remuneraciones.

4. DOMICILIO ALTERADO:
En el texto contractual enviado por la empresa a la familia, se inserta como domicilio del trabajador, “Agua Buena S/N”; sin embargo, RUDY ORTIZ no señaló tal dirección; en sus contrataciones anteriores (al menos 30, desde el 3 de julio de 2013), indica su domicilio en San Carlos, pasaje Las Nubes 89, tal como se comprueba en la segunda foto.



5. CLÁUSULAS DE CONTENIDO GROTESCO: SUELDO “DIARIO” DE 5.800 PESOS:
El texto del contrato individual suministrado por la Empresa a la familia, menciona: “SUELDO DIARIO DE 5.800 PESOS (7000 PESOS BRUTO)”. Es decir, según la versión plasmada en el texto del contrato individual de trabajo exhibido por CAINSA, el joven habría aceptado trabajarle a ésta por un sueldo diario de 5.800 pesos líquidos[1] [2]

 
Ahora bien, incluso en la hipótesis de que se tratase de un (extraño) error, y que se refiriese al sueldo por hora, revelaría súbito ascenso remuneratorio, ya que el sueldo de RUDY era de 4.650 pesos la hora[3]. Aumento de sueldo que, en el papel, sirve a la posición empresarial, para justificar su ingreso y faena dentro del molino.

6. EXTENSIÓN O DURACIÓN DE TURNOS DIARIOS:
Cláusula atañente a duración de turnos no corresponde a la verdadera extensión del turno que en esta contratación RUDY ORTIZ ejecutaba. Se nos ha informado que CAINSA no aplicó turnos de 10 horas sino de 12 horas.

7. LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES Y DOBLE ESTÁNDAR:
Al trabajador no se le entregaba este documento, ni al momento de terminar cada contratación por faena determinada, ni en los días siguientes.
Con ello se incumple no sólo el sentido y fines sino la letra de la reglamentación laboral, fijada especialmente en los artículos 54 y ss. del Código del Trabajo.
En cambio, aparecen liquidaciones que reúnen varios meses, según se comprueba en el extremo derecho de las tres liquidaciones siguientes, emitidas (según sus mismos textos) el 15 de octubre de 2014, pese a que implican remuneraciones de julio, agosto y septiembre de ese año:


Es decir, para considerar y calificar las contrataciones “por faena determinada”, la Empresa entiende que son autónomas e independientes, y que no generan derechos propios de una contratación estable o continuada.  Pero, cuando se trata de liquidar las remuneraciones originadas en tales contrataciones, estas se realizan meses después de que aquéllas se han ejecutado (iniciado y terminado).

Transcurrido más de un mes desde de que muere RUDY ORTIZ, la empresa CAINSA, mediante correo electrónico de un abogado[4], hace llegar un documento denominado “Liquidación de remuneraciones”, de texto incomprensible para un trabajador no especializado en temas remuneratorios, careciendo de precisiones que logren hacer entendible los rubros que se señalan, y los descuentos practicados.

8. AMPLÍSIMA CLÁUSULA DE COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS.

9. NO HAY CONSTANCIA DE QUE RUDY RECIBIERA TEXTO DE REGLAMENTO INTERNO EMPRESARIAL.

10. AMPLÍSIMO PODER PATRONAL DE TRASLADARLE DURANTE CONTRATACIONES (BREVÍSIMAS Y DE POR SÍ PRECARIAS).

11. POR LO INFORMADO, NO HAY REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA, DE NINGUNA ÍNDOLE (MECÁNICO, DIGITAL, ÓPTICO NI LIBROS DE FIRMAS).

12. ILEGIBLE INDIVIDUALIZACIÓN DE REPRESENTANTE EMPRESARIAL.
Recorte y montaje.
En la recién comentada última liquidación remuneratoria, la individualización y firma de representante patronal responsable (extremo inferior izquierdo), aparece borrosa y con caracteres comprimidos. Por ello, resulta previsiblemente ilegible, incluso ampliando la imagen; pese a que, en el resto del documento, letras y números se divisan y pueden leerse.
Por lo demás, tal liquidación envuelve un texto difícil de comprender o francamente incomprensible, incluso para personas con experiencia en materia de cálculos remuneratorios. La finalidad de la ley laboral (Código del Trabajo, artículos 54 y ss.), es que el trabajador entienda tales documentos.

Se habla de “Horas extraordinarias” (según lo que llaman “trato”), y su cantidad (ejecutadas en sólo 9 días), lo que anuncia el extenuante régimen impuesto y el consecuente agotamiento humano.
Indica o da cuenta del imperante ambiente de desinformación sobre regulación y requisitos en temas de interés prioritario, sobre el valor de su propia fuerza de trabajo, sobre sus derechos.


[1] Así, según el texto del contrato individual de trabajo que exhibe CAINSA, para ganar ese sueldo (que aparece como única especie de remuneración, sin otros rubros remuneratorios o beneficios), Rudy viajó desde la 8° región a Laguna Seca (Antofagasta), para laborar turnos de 10 o 12 horas, en una faena peligrosa.
[2] Por otra parte, llama la atención la mención de remuneración planteada como bruta y líquida, siendo que tal cifra no puede conocerse hasta precisar las deducciones obligatorias, que aun teniendo dato fijo, no pueden precisarse sino hasta la liquidación final.
[3]  Así, contratación de 3 al 10 de septiembre de 2016: RIGGER/MECÁNICO A, faena en Codelco Chile División El Teniente, turnos de 12 horas, 4.650 pesos.
Contratación de 12 al 16 de septiembre de 2016: RIGGER/MECÁNICO A, faena en Codelco Chile División El Salvador, turnos de 10 horas, 4.650 pesos.
Contratación de 27 al 30 de septiembre de 2016: RIGGER/MECÁNICO A, faena en Codelco Chile División El Teniente, turnos 12 horas, 4.650 pesos.
Contratación de 3 al 7 de octubre de 2016: RIGGER/MECÁNICO A, faena en Codelco Chile División Andina, turnos de 10 horas, 4.650 pesos.
Por lo demás, es exactamente la misma remuneración (compuesta por sueldo y nada más), que recibía de CAINSA, sólo por servicio de MECÁNICO A, ya en noviembre de 2013, en contratación del 4 al 8 de dicho mes y año, en faena para Codelco Chile División Chuquicamata.
[4] Correo electrónico de fecha 24 de noviembre, despachado a la familia.

Explotación y abuso. CAINSA-MINERA ESCONDIDA. Querella criminal por muerte de trabajador.



En Antofagasta se tramita la Querella criminal presentada en diciembre pasado, fundada en el incumplimiento de medidas y protocolos básicos de seguridad laboral por la empresa contratista y la mandante.
La querella compromete a Cauchos Industriales S.A. y a Minera Escondida Ltda.
Asimismo, se está colaborando con la Fiscalía.
Hay homicidio culposo; la parte empresarial (las dos empresas) debió haber implementado condiciones de seguridad, y haberlas hecho cumplir; y no lo hizo.
Ello es responsabilidad de la parte patronal. El artículo 184 del Código del Trabajo es muy claro: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.”.
Rudy no murió por la casualidad ni por su falta de cuidado.
Como era de esperar, siendo empresas poderosas, se ha procurado echar tierra, ocultar, encubrir, sobornar o comprar personas.
Incluso, elaboraron un video de contenido fraudulento; a ese grado están viéndose obligados a reaccionar frente a lo que la parte de Rudy Ortiz está desarrollando.
Como efecto de transparencia y comunicación, la Querella ha servido para revelar la realidad allí imperante: violación de normativa laboral básica, y de medidas y protocolos obligatorios, que atañen a la seguridad laboral y minera.

Algunos fragmentos de la Querella, de 18 páginas:


EN LEGÍTIMA DEFENSA. EL PARO Y LA PROTESTA SOCIAL SON MEDIOS DE MANIFESTACIÓN LEGÍTIMOS



1. EL PARO Y LA PROTESTA SOCIAL SON MEDIOS LEGÍTIMOS Y ACEPTADOS INTERNACIONALMENTE.
SOBRE LA HUELGA COLECTIVA (PARO) Y LA PROTESTA, la OIT, Organización Internacional del Trabajo,  mediante su Comité de Libertad Sindical, ha expresado:
a)Los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar en un ámbito más amplio, en caso necesario, su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros” (OIT, Informe 1996, párrafo 484).
b)La prohibición de toda huelga no vinculada a un conflicto colectivo en el que sean parte los trabajadores o el sindicato, está en contradicción con los principios de libertad sindical” (OIT 1996, párrafo 489).
c)La declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen una grave violación de la libertad sindical” (OIT 1996, párrafo 493).
La OIT ha impugnado el comportamiento de gobiernos chilenos en materia de derechos laborales y previsionales. Hace tiempo que dicha entidad internacional, mediante su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,  comunicó al Estado:  La Comisión estima que las organizaciones sindicales encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores deberían, en principio, poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones política económica y social que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de nivel de vida.”.

2. POLÍTICA ECONÓMICA OFICIAL DEBE HACER EFECTIVOS O REALES LOS DERECHOS BÁSICOS.
Ley no es lo mismo que Derecho.
Para reconocerlas como tales, las normas jurídicas deben responder a aspiraciones o requerimientos colectivos, deben garantizar un nivel apreciable y suficiente de convivencia social, verdadera, auténtica (véase Derecho es más que la ley). 
Y no puede haber convivencia cuando unos pocos se apropian del esfuerzo de muchos.

Los intereses patronales y el “modelo” o política económica no pueden ser más importantes que la dignidad de trabajadoras y trabajadores y la protección del fruto de su trabajo y de una vejez segura y digna.
El Paro y la Protesta son métodos legítimos -y aceptados- para defender derechos.
Se ajustan al Derecho; buscan, precisamente, que sean respetados otros derechos, tales como los laborales-previsionales; procuran un auténtico Sistema de Previsión Social.
Pueden contrariar intereses empresariales, o el capricho gubernamental, pero no atentan contra un Ordenamiento jurídico laboral-previsional que está sometido por obligaciones internacionales, que el Estado de Chile se ha comprometido a cumplir.
Por el contrario, las conductas y omisiones que sí atentan contra ese Ordenamiento jurídico son aquellas perpetradas por autoridades públicas que no lo respetan ni lo hacen respetar. Tal es el caso del incumplimiento de Convenios esenciales de la OIT, que motivó la Queja Formal ya señalada.
El Paro, la Protesta, van destinadas a hacer presente el rechazo colectivo a un sistema o régimen que acoge la apropiación (por parte de del gran empresariado) de las cotizaciones de trabajadoras y trabajadores, y procuran que éste cese, que las autoridades entiendan que debe iniciarse un cambio radical.

3. LEGÍTIMA DEFENSA COLECTIVA.
La legítima defensa está reconocida por el Derecho; éste debe salvaguardar el interés preponderante, es decir, el legítimo del titular (trabajadora o trabajador), que prevalece sobre el interés ilegítimo del apropiador.
Nadie está obligado a tolerar conductas contrarias al Derecho. Y es contrario a Derecho el imperante sistema de AFP, que establece la apropiación empresarial de cotizaciones laborales.
Y, si no existe obligación de soportar lo ilícito es porque se tiene la facultad de rechazarlo o hacerlo cesar. Más aun cuando los bienes amparados son normas de Derecho Laboral internacional, y no la voluntad del gobernante y sus órganos.
El propio gobierno está bajo la ley y no sobre ella. No existe un pretendido derecho a exigir obediencia: no somos súbditos sino ciudadanos.
Son legítimas las actividades destinadas a impedir o repeler la apropiación empresarial, injusta, actual y no provocada por los trabajadores. Más si se tiene presente que el imperante régimen de AFP establece una exacción, una privación forzada, un método de  apropiación por terceros (empresas) de una parte de la remuneración generada en el trabajo (cotización). 
En general, cabe toda conducta que detenga o haga cesar la apropiación. Defensa que puede exteriorizarse como actos de resistencia y desobediencia. En este caso, frente a la violación sistemática e institucionalizada de derechos previsionales-laborales.

4. REMUNERACIONES Y COTIZACIONES SON PROPIEDAD DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES.
Resoluciones de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional han reconocido la propiedad del trabajador sobre sus remuneraciones y sobre sus cotizaciones de seguridad social. A propósito de estas últimas, se reconoce “la propiedad que el trabajador tiene sobre aquellos dineros, que le han sido descontados de su remuneración”.  Que, “cualquier discusión que se desee hacer sobre las cotizaciones previsionales, debe partir por reconocer el derecho de propiedad de los trabajadores sobre ellas […] se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del trabajador, tutelados por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, habida consideración que tales cotizaciones se extraen de la remuneración devengada a favor del afiliado”.
Y, “la propiedad que tiene el afiliado sobre los fondos previsionales que conforman su cuenta individual, aunque presenta características especiales, se encuentra plenamente protegida por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República que reconoce el derecho de propiedad no sólo sobre los bienes corporales sino también respecto de los incorporales”.

5. NO PUEDE EXIGIRSE OTRA CONDUCTA.
FRENTE AL COMPORTAMIENTO DE AUTORIDADES Y CLASE  PATRONAL, NO PUEDEN REQUERIR SUMISIÓN O SOMETIMIENTO.
Comprobando maniobras dilatorias y parches oficiales a un sistema corrupto, ¿puede requerirse otra conducta que no sea insistir en reivindicaciones básicas, en el respeto de derechos por la Protesta colectiva y el Paro?
A ninguna trabajadora o trabajador puede exigírsele continuar tolerando esta apropiación del fruto de su trabajo por parte del gran empresariado; más incluso cuando sus derechos previsionales y laborales envuelven la parte más importante de su patrimonio.  
En muchos casos el único patrimonio.
No nos pueden exigir tolerancia frente a un robo sistemático, que implicará miseria en el periodo más vulnerable de nuestras vidas.
El Estado no puede exigir comportamientos si no genera condiciones para cumplirlos.
A propósito de la inexigibilidad de otra conducta, “debido a la autonomía ética de las personas, el Estado –que no es propietario de aquella- no puede exigir respuestas conductuales determinadas si no genera las condiciones para que ellas se muestren plausibles”.
No puede exigirse a los trabajadores que continúen tolerando este robo.

Fuente (con las citas de rigor), en: Dogmática laboral y causas de justificación jurídica, 2015 (pulse sobre texto para abrir).