Artículo
45
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social,
fundada en los principios de universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación,
sostenibilidad y oportunidad.
2.
La ley establecerá un sistema de seguridad social público, que
otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad,
supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias
sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de
capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de
prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados.
3.
El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará
por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, a través
de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los
recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser
destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que
establezca el sistema.
4.
Las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a
participar en la dirección del sistema de seguridad social, en las
formas que señale la ley.
Artículo
46
1. Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre
elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección.
Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la
salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al
pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del
trabajo.
2.
Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una remuneración
equitativa, justa y suficiente, que asegure su sustento y el de sus
familias.
Además, tienen derecho a igual remuneración por
trabajo de igual valor.
3.
Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario
y toda distinción que no se base en las competencias laborales o
idoneidad personal.
4.
El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la
vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados.
5.
El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las
personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud
reproductiva y resguardando los derechos de la maternidad y
paternidad.
6.
En el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones
justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio
de los derechos laborales y de seguridad social.
7.
Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe
fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadoras,
trabajadores y organizaciones sindicales.
8.
Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el
trabajo forzoso, humillante o denigrante.
Artículo
47
1. Las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector
público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical.
Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación
colectiva y a la huelga.
2.
Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a
la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de
trabajadoras y trabajadores ante el o los empleadores.
3.
El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir
las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier
nivel, de carácter nacional e internacional, de afiliarse y
desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus
propios fines y de realizar su actividad sin intervención de
terceros.
4.
Las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el
solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la
ley.
5.
Se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las
trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se
desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal,
sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias
susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los
mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y
trabajadores.
6.
La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadoras,
trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones
sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a
través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley.
7.
La ley no podrá prohibir la huelga. Solo podrá limitarla
excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya
paralización pueda afectar la vida, salud o seguridad de la
población.
8.
No podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho a la huelga quienes
integren las policías y las Fuerzas Armadas.
Artículo
48
Las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus
organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las
decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio
de los cuales se ejercerá este derecho.
