El 23 de junio de 2016, el Congreso (incluyendo
a toda la bancada oficialista), aprobó el requerimiento del Gobierno que atañe
al monto del Ingreso Mínimo Mensual.
La fijación del monto de dicho Ingreso Mínimo (que
debería concretar una política estatal redistributiva, para combatir la
desigualdad) no sólo implica a los trabajadores que lo perciben (como “sueldo
base”), sino a todos.
Significa un parámetro, guía o piso que incide en
la valoración de la fuerza de trabajo de todos.
A establecerse un reajuste insignificante, que para
los próximos 6 meses será de 7.500 pesos, a los cuales debe descontarse –aproximadamente-
el 20% por concepto de cotizaciones legales obligatorias, quedan servidas las
patronales para que –invocándolo- “concedan”, a sueldos mayores –incluso en
negociaciones colectivas- , aumentos del mismo tipo.
Y es que envuelve una señal gubernamental para el
empresariado, en orden a que pueden dar o entregar poco o nada. Un espaldarazo
para acentuar la explotación.
Esto, a la vez que esas mismas patronales logran
ganancias enormes, incluso en estos tiempos de alegada “crisis”.
Según lo aprobado
por Gobierno y Nueva Mayoría, desde el 1 de enero de 2017 el monto del citado Ingreso
será de 264.000 pesos; desde el 1 de julio de 2017, de 270.000 pesos; y, a
contar del 1 de enero de 2018, de 276.000 pesos. Es decir, en el lapso de año y
medio, aumentará en 26.000 pesos, deduciéndose de tal cifra cerca de 6.000 pesos
por cotizaciones obligatorias, y sin considerar el aumento, en ese lapso, del
IPC.
Reajuste
“escalonado”. Con ello, encadenando su aumento y otorgando plena tranquilidad al
Gobierno.
Chile
aparece como el país más rico de América Latina, pero sus administradores continúan
afianzando el régimen económico-laboral más abusivo y desigual. Y es que con
tales miserables reajustes y en comparación con los suculentos y periódicos aumentos
de las remuneraciones más altas -públicas y privadas- la desigualdad se acentúa.
Reajuste miserable para la gente trabajadora más
modesta. Y además, graduado, esto es, encadenado; política de fijaciones
futuras que no considera el aumento real del costo de la vida; política iniciada
en julio del año 2014 mediante el primer “acuerdo” de largo plazo que la cúpula
de la CUT (Bárbara Figueroa, Arturo Martínez y Nolberto Díaz) suscribió e instaló.
Sobre el Ingreso Mínimo Mensual y
nuestro muy vigente derecho a remuneraciones equitativas y satisfactorias,
puede verse: Sobre
el ingreso Mínimo Mensual en Chile.
