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“COMISIÓN DE USUARIOS”]
...
Seguro de cesantía: Libre despido financiado por los trabajadores.
Seguro
de cesantía
Cartilla
para trabajadores contratados indefinidamente
En
estas páginas los trabajadores contratados indefinidamente encontrarán
información sobre el llamado Seguro de cesantía, que inició su vida en Chile el
1 de octubre de 2002[1].
El Mensaje o Exposición de Motivos, con la cual el Gobierno de la época
justificó la iniciativa (mes de abril de 2000), confesó que la citada Propuesta
beneficia sustancialmente al sector empresarial.
Respecto
de la indemnización por años de servicio, reconoció que “el
empleador verá transformada su actual responsabilidad única de indemnización,
por otra en que se combina el pago de las cotizaciones previas con el pago
directo de una prestación; así, facilita al empleador su obligación de pagar las
indemnizaciones que corresponda”. Se le denominó,
elegantemente, derecho de imputación; es un poder de descuento a favor
de los patrones (artículo 13), de su aporte mensual en la Cuenta individual por
cesantía de cada trabajador, que se hace efectivo sobre la indemnización por
años de servicio al momento que despiden.
De
allí, este Seguro no significa gasto esencial para el sector patronal, a
diferencia de la carga que establece para los trabajadores. En verdad, el
seguro lo costea el propio trabajador. Si añadimos que los empleadores poseen
el poder del despido inmediato mediante el artículo 161 del Código laboral,
vemos que el régimen imperante les beneficia doblemente: pueden despedir cuando
quieran, y pueden recortar, de las indemnizaciones, su aporte mensual en
dinero, recuperándole plenamente.
Normativa
que favorece la flexibilidad laboral, tan querida del sector
empresarial, entrega la administración
de los recursos extraídos de las remuneraciones, a un conglomerado
de empresas AFP, que lucra mediante las comisiones
extraídas de los aportes. Y que, ironía mayor, cuando exhibe pérdidas en su
ejercicio, se le beneficia con la medida de cargar su porcentaje de comisión no
sólo sobre el aporte patronal en la Cuenta individual de cada trabajador, sino
gravando también el aporte de estos últimos; con ello alivian su déficit, pero
a costa de la parte trabajadora.
Muy
curiosa es la llamada Comisión de usuarios. Su función es conocer los criterios utilizados
por la Administradora los Fondos de Cesantía para funcionar. Es presidida por
una académica (designada oficialmente), e integrada por tres representantes
patronales y tres de los trabajadores, designados por la CUT, receptores de
dieta de 24 UF. -más de 590.000 pesos- por asistir a cada una de sus reuniones
mensuales. Con las firmas de sus miembros (Arturo Martínez lo fue durante 6
años), emite Informes anuales que aprueban y legitiman tanto el citado derecho
patronal de descuento, como el libre despido (esto es, la flexibilidad laboral)[2].
No olvidemos que el
trabajo es un derecho humano básico[3].
Alfonso
Hernández Molina, 2015.
____________________________________________________________________________________________________
Contenido
1. ¿A quiénes
regula este Seguro y quién lo administra?
2. La Cuenta
individual por cesantía de cada trabajador
3.
Financiamiento del Seguro.
No todo alimenta la Cuenta del trabajador
4. Comisiones y
lucro de empresa Administradora AFC.
Extracción de porcentaje de dinero del
trabajador
5. Trabajador
con contrato de duración indefinida y su aporte real al Sistema
6. Cada
trabajador paga su propio seguro, ya que se concedió a los
patrones el derecho de descontar sus
aportes sobre la indemnización
por años servidos
7. La imputación
o descuento en la Indemnización por años de servicio, es
un amplio “derecho” del empleador
8. Requisitos
para obtener prestaciones con cargo a la Cuenta individual
por cesantía de cada trabajador
9. Pagos del
Seguro dependen de la causa de término laboral
10. Montos de
dinero a retirar. Trabajadores contratados indefinidamente
11. AFP y la
AFC deben entregar a directorios sindicales datos de
cotizaciones previsionales adeudadas a
asociados
12. Solicitud
de prestaciones y documentos necesarios
13. Fechas y
formas de pago
14. Salud y
prestaciones del sistema público
15. ¿Y las
asignaciones familiares?
16. Obligación
patronal de comunicar inicio y término de servicios de un trabajador
17.
Cotizaciones. Obligación de deducirlas y pagarlas. Lugar y plazo
18.
Fiscalización de descuento, aporte y pago real
19. Obligación
de Administradora y demanda del trabajador cesante
20. Registros
públicos de antecedentes
21.
Interrupción del cobro del beneficio y opciones
22. El Fondo
de Cesantía Solidario
23.
Trabajadores con derecho a prestaciones del Fondo Solidario
24. Montos de
prestaciones por cesantía con cargo al Fondo Solidario
25. ¿Qué debe hacer la Oficina municipal?
26. ¿Hay causas justificadas para
rechazar una ocupación ofrecida?
27. Control y fiscalización
28. Datos personales de los trabajadores
29. La “Comisión de Usuarios” del sistema de Seguro de cesantía
30. Los “representantes” de los
trabajadores
31. ¿Quiénes han aparecido como “representantes
laborales”?
32. Su comportamiento concreto
33. Un sistema viciado
34. La “Comisión de Usuarios” no examina
ni critica el poder o derecho patronal
de imputación (descuento de su aporte, rebajando la indemnización
por años servidos del trabajador)
35. Solucionan déficit a costa de los trabajadores
_________________________
1. ¿A quiénes
regula este Seguro y quién lo administra?
Obligatoria
y automáticamente inserta y regula a los trabajadores
dependientes regidos por el Código del trabajo, que inicien o reinicien
actividades laborales.
Administra
este régimen de seguro de cesantía una entidad privada, con forma de sociedad
anónima; incluso puede ser una entidad extranjera constituida en Chile.
En
el año 2002 se asignó tal administración, por 10 años, a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía de Chile s.a., AFC Chile, cuyos propietarios
son las empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en
Chile, pero cuyos dueños en esencia son transnacionales.
Hoy lo gestiona bajo
el nombre de Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantía de Chile II s.a. (AFC Chile)[4].
2. La Cuenta
individual por cesantía de cada trabajador
Esta Cuenta se nutre con:
a)
La totalidad de la cotización de cargo del
trabajador, que tratándose de contratos indefinidos corresponde a un 0,6% de
su remuneración imponible, y
b)
Una parte del aporte patronal:
Si se trata de contrato indefinido, ingresa en la Cuenta del trabajador la
cotización del empleador que representa el 1,6% de la remuneración
imponible, ya que el 0,8% restante (que completa su aporte total al
Sistema, de 2,4%), no se dirige a la Cuenta del trabajador sino al
llamado Fondo Solidario.
Si
se trata de contrato a plazo fijo, o por
obra, trabajo o servicio determinado, el patrón cotiza a dicha Cuenta
individual un 2,8% de la misma remuneración, ya que el 0,2% restante
(que completa su aporte total de 3% al Sistema, tratándose de este tipo
de contratos), no alimenta la Cuenta del trabajador sino que se dirige al Fondo
Solidario.
Se
abonan en una cuenta personal de propiedad de cada afiliado, que se abre en la
AFC, la que se denomina "Cuenta individual por cesantía”.
3.
Financiamiento del Seguro.
No todo alimenta la Cuenta del trabajador
El
Sistema se solventa mediante un porcentaje de las remuneraciones imponibles de
cargo del trabajador dependiente, de otro porcentaje de cargo del empleador, y
de un aporte del Estado. En efecto:
a)
De cargo del trabajador con contrato de duración indefinida:
Un 0,6% de las
remuneraciones imponibles.
b)
De cargo del empleador:
Un 2,4% de las
remuneraciones imponibles en el caso de los trabajadores con contrato de
duración indefinida y un 3% de las remuneraciones imponibles para los
trabajadores con contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio
determinado.
c)
Aporte estatal, calculado en unidades tributarias mensuales[5].
Si
el contrato a plazo fijo se hubiere transformado en contrato de duración
indefinida, tanto el trabajador como el empleador quedan afectos a la
cotización que corresponde a los contratos de duración indefinida, a contar de
la fecha en que se hubiere producido tal transformación, o a contar del día
siguiente al vencimiento del período de quince meses indicado en el número 4
del artículo 159 del Código laboral[6].
4. Comisiones y lucro
de empresa Administradora AFC.
Extracción de porcentaje de dinero del
trabajador
Cobra un porcentaje por concepto de “comisión”,
destinado a las arcas del grupo empresarial, AFC.
A la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía se le entregó
el poder de cobrar una comisión de base anual del 0,49% sobre el saldo de los
fondos de cesantía, las que son rebajadas mensualmente de las cuentas
individuales por cesantía y de la cuenta fondo de cesantía solidario.
La empresa administradora le rebaja
mensualmente el día 15 del mes siguiente al pago de las cotizaciones.
Ahora
bien, cada mes que la rentabilidad real del Fondo de Cesantía y del Fondo de
Cesantía Solidario de los últimos seis meses anteriores supere la denominada
“rentabilidad real respectiva”, la comisión cobrada será la comisión base
incrementada en un diez por ciento.
5. Trabajador con contrato de duración
indefinida y su aporte real al
Sistema
Aparentemente la
Cuenta del trabajador con contrato indefinido se nutre con aportes de ambas
partes.
Sin
embargo, al terminar la relación laboral operándose la causal legal
“necesidades de la empresa”, la parte patronal tiene derecho (entregado por la
propia ley 19.728), de restar o deducir, de la indemnización por años servidos,
su citado aporte mensual del 1,6% dirigido a la Cuenta individual, por lo que
el trabajador con contrato indefinido, en realidad ha nutrido con su propio
aporte la totalidad de su Cuenta individual, tanto el 0,6% evidente y
directo, como el 1,6% que aparecía aportando el empleador.
En
total, el 2,2% mensual lo aporta, íntegramente, el trabajador.
Realmente,
el trabajador aporta al Sistema un 2,2% real, y el empleador sólo un 0,8%, este
último aporte dirigido no a la Cuenta del trabajador sino al llamado Fondo
Solidario.
En esencia, el Sistema es financiado por los propios trabajadores.
6. Cada trabajador paga su propio seguro, ya
que se concedió a los
patrones
el derecho de descontar sus aportes sobre la indemnización
por
años servidos
Si
el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código
laboral, es decir, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, el
afiliado tiene derecho a la indemnización por años servidos, calculada sobre la
última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo Código, con
un límite máximo de 330 días de remuneración; a menos que se haya pactado,
individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta
última.
Pero,
aunque los derechos propios del Seguro son independientes
y compatibles con otras indemnizaciones legales, se imputará a esta
prestación la parte del saldo de la Cuenta individual por cesantía
constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su
rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con
cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros (artículos 4 y 13).
Se
le llama derecho de imputación.
Con
esto se reduce el monto total de la Cuenta individual del asegurado, para
afrontar eventos de cesantía.
Para
el empleador este Seguro no implica costo esencial,
ya que sus cotizaciones mensuales nutren, al momento de despido, la
indemnización legal o contractualmente obligatoria. Este curioso método no es
un error, sino la finalidad que dirigió esta legislación.
Así,
por una parte, está en manos del empleador utilizar la causa de término
inmediato de la relación laboral, suministrada por el artículo 161 del Código
del trabajo; arguyendo las “necesidades de la empresa, establecimiento o
servicio”.
Por
otra, aunque es el propio empleador quien opera el término al vínculo
contractual, puede, gracias al “derecho” que la propia ley le
entrega, restar de la indemnización por años servidos, el dinero que
mensualmente debió ingresar a la Cuenta individual por cesantía del trabajador
(1,6% de la remuneración).
La
parte trabajadora, así, queda sin empleo, y con su indemnización disminuida (y
en no poco monto); ello, pese a que no tiene ninguna responsabilidad en los
hechos. Sobre todo, que, aun probando, ante un tribunal, que no hubo tal “necesidad
de la empresa…”, es decir, que el empleador mintió al marginarle, no hay
reincorporación al empleo sino en casos excepcionalísimos y acreditados
judicialmente.
A
continuación, en la imagen, una Carta Aviso Despido, que señala el monto a
pagar por concepto de Indemnización por años de servicio, indicando, también,
lo que se descontará por concepto de aporte patronal mensual a la Cuenta de
Cesantía del despedido (AFC, Administradora de Fondos de Cesantía).
Véase
que el monto a descontar por ese solo rubro (386.889 pesos), supera el 23% del
total indemnizatorio (1.673.836 pesos).
Este
seguro lo pagan los propios trabajadores.
7. La imputación
o descuento en la Indemnización por años de servicio, es
un amplio “derecho” del empleador
Se
encarga a la Superintendencia de Pensiones la supervigilancia del
Sistema; también la interpretación de los preceptos legales que lo
regulan, tarea que realiza mediante resoluciones.
A
propósito del derecho de descuento patronal de sus propias cotizaciones, ha
expresado que los patrones también puede operar el descuento de sus propias
cotizaciones cuando se tiene pactado un sistema de indemnización a todo evento,
y cuando se ha acordado una indemnización por años servidos superior al piso
legal, casos en los cuales el descuento que puede hacer el patrón afectará a
esa indemnización convencional sobre la legal.
Asimismo,
se aplica operándose invalidez total o parcial[7].
8. Requisitos
para obtener prestaciones con cargo a la Cuenta individual
por cesantía de cada trabajador
a) Que el contrato de
trabajo haya terminado por alguna de las causales señaladas en los artículos
159, 160, 161 y 163 bis, o por aplicación del inciso primero del artículo 171,
todos del Código del trabajo[8];
b)
Que el trabajador con contrato indefinido registre en la
Cuenta individual por cesantía un mínimo de 12 cotizaciones mensuales continuas
o discontinuas, desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se
devengó el último giro a que hubieren tenido derecho;
c)
En el caso del trabajador con contrato a plazo fijo o por
obra, trabajo o servicio determinado, deberá registrar en la Cuenta individual
por cesantía un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas,
desde su afiliación al Seguro o desde la fecha en que se devengó el último giro
a que hubiere tenido derecho, y
d)
Encontrarse cesante al momento de la solicitud de la
prestación.
9. Pagos del
Seguro dependen de la causa de término laboral
Con
ello, este mecanismo queda en la práctica a disposición del patrón.
Trabajadores
tendrán derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta individual por
cesantía como su saldo de dicha Cuenta les permita financiar,
tratándose de cese de relación laboral por alguna de las
causales siguientes:
-
Necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio (artículo 161 del Código laboral);
-
Vencimiento del plazo convenido en el contrato;
-
Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al
contrato, y
-
Caso fortuito o fuerza mayor (artículo 159, números 4, 5
y 6, de Código laboral).
Recuérdese
que la causal “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”,
genera derecho a la indemnización por años de servicio con un límite máximo de
once años, a menos que se haya pactado una indemnización de monto superior. Y
que solventarle, el patrón descontará su aporte (1,6% mensual) a
los fondos existentes en la Cuenta individual, más su rentabilidad y menos los
gastos de “administración”.
10. Montos de
dinero a retirar. Trabajadores contratados indefinidamente
Regla
básica es que se tiene derecho de realizar tantos giros mensuales desde la
Cuenta individual como su saldo lo permita.
El
monto de los retiros mensuales se ajustará al porcentaje indicado en la segunda
columna, referido al promedio de las remuneraciones de los últimos 12 meses,
en que se registren cotizaciones anteriores al término de la relación laboral.
11. AFP y la
AFC deben entregar a directorios sindicales datos de
cotizaciones previsionales adeudadas a
asociados
Sin
alterar la imperante obligación de reserva y secreto de los datos personales
que obliga a los administradores de datos en registros o bancos de datos,
procede entregar a un sindicato debidamente representado por su directorio,
información detallada de las cotizaciones previsionales adeudadas respecto de
cada uno de sus asociados.
Esto
cubre tanto las cotizaciones previsionales que conforme al artículo 19 del
decreto ley 3.500, de 1980, el empleador tiene la obligación de descontar de
las remuneraciones de sus trabajadores y enterarlas, dentro del plazo legal, en
las respectivas AFP en que se encuentren incorporados (dinero dirigido a las
Cuentas individuales, y a salud[9]),
como respecto de las cotizaciones del Seguro de cesantía de cargo del empleador
y del trabajador, que deben ser pagadas por el empleador en la AFC, dentro del
plazo legal[10].
12. Solicitud
de prestaciones y documentos necesarios
Trabajadores
cesantes deben llenar una solicitud de prestación de Seguro de Cesantía en un
Centro de Atención de Afiliados (CAA), ubicados en las oficinas de AFP que
tienen el cartel “AFC”.
Deben presentar:
a)
Cédula de identidad vigente.
b)
Finiquito[11], u otro documento
que acredite el término de la relación laboral, tal como comunicación del
despido, certificación del inspector del trabajo respectivo que verifique el
término del contrato, acta de conciliación o avenimiento, o acta de comparecencia
ante la Inspección del Trabajo respectiva, sentencia judicial ejecutoriada o
carta de renuncia ratificada por el trabajador ante alguno de los ministros de
fe habilitados[12].
La AFC verificará el cumplimiento de los requisitos legales.
c)
Poder o Mandato especial. Si es que se solicita el pago por
una tercera persona en representación del afiliado. Este documento debe
autorizar al tercero para solicitar la prestación y entregar la información que
se le solicite. Puede ser otorgado por escritura pública o documento privado;
en este último caso, la firma de quien otorga el Mandato debe estar autorizada
ante notario, o bien, ante el Oficial del Registro Civil, en aquellos lugares
donde no exista notaría.
13. Fechas y
formas de pago
Los
días 3, 13 y 23 de cada mes (o hábil siguiente), si se trata de contrato era a
plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio determinado; si efectúa giros sólo
desde la cuenta individual sin optar al Fondo Solidario; si el
afiliado se pensiona o fallece.
La
forma de pago es variada. En dinero efectivo, en las agencias de Servipag,
sucursales de BancoEstado o ServiEstado. También puede solicitar
envío de cheque por correo; si es con Vale vista, en las sucursales BancoEstado.
Puede
también percibirse mediante depósito en cuenta corriente o cuenta de ahorro en
cualquier banco[13].
14. Salud y
prestaciones del sistema público
Quienes
perciban prestaciones con cargo a su Cuenta individual, o al Fondo Solidario,
mantendrán la calidad de afiliados al régimen de la ley 18.469 (régimen de
prestaciones de salud del sistema público), durante el período en que se
originen las mensualidades respectivas.
Distinto
es el caso de los afiliados a ISAPRES. Aquí son aplicables las normas de
desafiliación de estas entidades (ley 18.933), procediendo que acudan a FONASA
para acreditar sus cargas familiares.
15. ¿Y las
asignaciones familiares?
Quienes
tienen derecho a las prestaciones del Fondo Solidario, que, al
momento de quedar cesantes, percibían asignaciones familiares en calidad de
beneficiarios, tienen derecho a continuar impetrando este beneficio
por los montos que estaban recibiendo a la fecha del despido, mientras perciban
giros mensuales.
Los
cesantes que reciban prestaciones de cesantía según la ley aquí comentada
(19.728), y no sean de aquellos con derecho al Fondo Solidario, no tendrán
derecho a las prestaciones del decreto con fuerza de ley 150, de 1981, de
Ministerio del Trabajo (que regula la asignación familiar).
Sin
embargo, sus causantes de asignación familiar mantendrán su calidad de tales
para otros eventuales derechos.
16. Obligación
patronal de comunicar inicio y término de servicios de un
trabajador
El
empleador debe comunicar la iniciación o cesación de servicios de trabajadores
a la AFC, dentro del plazo de diez días, contado desde dicha iniciación o
término, el que aumentará en tres días si se comunica electrónicamente. Su
infracción debe sancionarse con multa de 0,5 UF.
17.
Cotizaciones. Obligación de deducirlas y pagarlas. Lugar y plazo
El
empleador, o la entidad pagadora de subsidios en su caso, deben deducir las
cotizaciones de cargo del trabajador, de la remuneración, o del subsidio por
incapacidad laboral transitoria, respectivamente, que corresponda pagar a éste.
Tales
cotizaciones, de cargo del empleador y del trabajador, deben ser pagadas en
la AFC, por el empleador o por la entidad pagadora de subsidios, dentro de los
primeros diez días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las
remuneraciones o subsidios, término que se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. Realizada
electrónicamente la declaración y el pago de cotizaciones, tanto de cargo del
empleador como del trabajador, el plazo se extiende hasta el día 13 de cada
mes, aun siendo día sábado, domingo o festivo.
18.
Fiscalización de descuento, aporte y pago real
Corresponde
a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento por los
empleadores de sus obligaciones de descuento, aporte y efectivo pago en la AFC,
de los dineros que corresponde por concepto de cotizaciones, estando los
inspectores facultados para aplicar multas.
A
los empleadores que no enteren las cotizaciones que hubieren retenido o debido
retener, debe aplicárseles las sanciones establecidas en la ley 17.322[14].
Este último es un cuerpo legal que en su texto original (año 1970), establecía
como delito, y castigaba con penas privativas de libertad, a variadas conductas
y omisiones patronales. En el año 1976 se alteró su contenido, eliminándose
tales sanciones y suavizándose groseramente el trato a los empleadores que
defraudan los aportes previsionales ajenos.
Hoy
no se les aplica –expresamente- el artículo 19 del decreto ley 3.500, más
directo en sus sanciones para con los empleadores que se apropian de lo ajeno.
Y deben aplicarse[15]
las penas del
delito de estafa al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes, se apropiare o
distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado
de la remuneración.
19. Obligación
de Administradora y demanda del trabajador cesante
La
AFC tiene la obligación de seguir las acciones tendientes al cobro de las
cotizaciones de cargo del trabajador y del empleador, que se encuentren
adeudadas, más sus reajustes e intereses. En evento de no pago de cotizaciones,
y sin perjuicio de la obligación de la AFC de seguir las acciones tendientes al
cobro de cotizaciones, el trabajador tendrá derecho a exigir al empleador el
pago de todas las prestaciones que tal incumplimiento le impidió recibir.
Considerando
que el trabajador está cesante y sin medios, debe exigir a la AFC que impulse
las acciones para el cobro eficaz. Procurando prevenir estas “sorpresas”,
recuérdese que el sindicato tiene facultad de requerir información detallada de
las cotizaciones previsionales adeudadas respecto de cada uno de sus asociados.
20. Registros
públicos de antecedentes
La
AFC está obligada a despachar la nómina de empleadores morosos a la
Dirección del Trabajo, y a los registros de antecedentes comerciales y
financieros que proporcionen antecedentes públicos.
21.
Interrupción del cobro del beneficio y opciones
El
goce de las prestaciones comentadas se interrumpirá cada vez que se pierda la
condición de cesante antes de agotarse la totalidad de los giros a que se tenga
derecho. Aquellos trabajadores que habiendo terminado una relación laboral
mantengan otra vigente, y quienes habiendo terminado una relación de trabajo,
sean contratados en un nuevo empleo antes de agotarse la totalidad de los giros
de su Cuenta a que tengan derecho, poseen dos opciones:
a)
Retirar el monto correspondiente a la prestación a que
hubiese tenido derecho en ese mes, en el caso de haber permanecido cesante, o
b)
Mantener dicho saldo en la Cuenta.
En
ambos casos, se mantiene el saldo no utilizado en la Cuenta para otro período
de cesantía, el que, incrementado con las posteriores cotizaciones, será la
nueva base de cálculo de la prestación.
Es
aquel que debe mantener la AFC, solventado por la restante cotización del
empleador, esto es, el 0,8% de las remuneraciones imponibles del trabajador de
contrato indefinido y 0,2% de tales remuneraciones correspondientes a contratos
a plazo, o para una obra, trabajo o servicio determinado, y el aporte fiscal.
23.
Trabajadores con derecho a prestaciones del Fondo Solidario
a) Quienes registren 12 cotizaciones mensuales
en el Fondo Solidario desde su afiliación al Seguro o desde que se devengó el
último giro a que hubieren tenido derecho, en los últimos 24 meses anteriores
contados al mes del término del contrato. Sin embargo, las tres últimas
cotizaciones realizadas deben ser continuas y con el mismo empleador.
b) Que el contrato de trabajo termine por:
- Vencimiento del plazo convenido en el
contrato;
- Conclusión del trabajo o servicio que
dio origen al contrato;
- Caso fortuito o fuerza mayor;
- Necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio, y
c) Que los recursos de su Cuenta individual por cesantía sean insuficientes para obtener una
prestación por cesantía por los períodos, porcentajes y montos señalados en el
cuadro del punto 24 siguiente, y
d) Encontrarse cesante al momento de la solicitud. Con todo, un
trabajador no podrá recibir prestaciones, con cargo al Fondo Solidario,
más de dos veces en un período de 5 años.
El derecho a percibir
la prestación cesa automáticamente una vez obtenido un nuevo empleo.
24. Montos de prestaciones por cesantía con cargo al Fondo Solidario
El monto de la
prestación por cesantía corresponderá al porcentaje
del promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador en los doce
meses anteriores al del término de la relación laboral, que se indica en la
segunda columna.
El beneficio se somete
a los valores superiores e inferiores para cada mes, especificados en las
columnas tercera y cuarta, respectivamente:
Los pagos del Fondo
Solidario tienen límite.
Valores superiores e
inferiores de la tabla se ajustan el 1 de febrero de cada año, según la
variación del IPC.
Los valores del
cuadro poseen vigencia entre el 1 de febrero de 2014 y 31 de enero de 2015.
Meses
|
Promedio
Remuneración
|
Valor
o tope superior
|
Valor
o tope
Inferior
|
Primero
|
50%
|
$
247.583
|
$114.670
|
Segundo
|
45%
|
$222.825
|
$95.125
|
Tercero
|
40%
|
$198.066
|
$83.397
|
Cuarto
|
35%
|
$173.308
|
$72.973
|
Quinto
|
30%
|
$148.550
|
$62.548
|
Sexto
|
25%
|
$123.792
|
$52.123
|
Séptimo
|
25%
|
$123.792
|
$52.123
|
25. ¿Qué debe hacer la Oficina municipal?
La OMIL, previa inscripción del
beneficiario, debe otorgarle la certificación correspondiente, con expresa
mención de las ocupaciones y cursos de capacitación que obren en sus registros,
sin perjuicio de las demás exigencias establecidas por la Superintendencia de
Pensiones y el SENCE.
26. ¿Hay causas justificadas para
rechazar una ocupación ofrecida?
a) Padecer alguna enfermedad
permanente o transitoria que le impida desarrollar el empleo ofrecido,
acreditada mediante el certificado emitido por un facultativo competente.
b) Residir en una localidad
distante del lugar donde debe desempeñarse la ocupación respectiva, calificada
así por la OMIL, considerando las facilidades o dificultades de acceso o
transporte. Para esto, la OMIL podrá consultar a las autoridades públicas que
estime convenientes.
c) Demostrar que
la ocupación ofrecida no guarda relación con las habilidades o destrezas del
empleo anterior o que ocasiona un serio menoscabo a su condición laboral o a
sus estudios técnicos, profesionales o universitarios, certificado así por la
OMIL, de acuerdo a los criterios establecidos en normas técnicas, o
d) Que la ocupación ofrecida
no le permita percibir una remuneración igual o superior al 50% de la última
devengada en el empleo anterior. No se pierde la prestación si el empleo
ofrecido por la OMIL no prosperare por causas no imputables al beneficiario; en
especial, cuando el empleo ofrecido por el futuro empleador no guarda relación
con la oferta de trabajo registrada en la referida Oficina y ofrecida al
beneficiario, calificado así por la citada Oficina municipal.
27. Control y fiscalización
La supervigilancia, control y fiscalización
de la AFC corresponde a la Superintendencia de Pensiones (artículo 35).
Un tema clave para los trabajadores es el debido cobro judicial, a los
empleadores, de las cotizaciones previsionales indebidamente apropiadas por
éstos.
28. Datos
personales de los trabajadores
La Sociedad Administradora mantiene una Base de Datos de los
trabajadores sujetos al Seguro, con los registros necesarios para la operación
del Seguro que incluye el registro general de información del trabajador, los
movimientos de las cuentas individuales por cesantía y el archivo de
documentos.
Las Subsecretarías de Hacienda, Subsecretaría de Servicios Sociales, de
Evaluación Social y del Trabajo y la Dirección de Presupuestos, están facultados
para exigir los datos personales contenidos en dicha Base de Datos, y la información
que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía. En tal caso, el tratamiento y uso de los
datos personales que efectúen tales organismos quedarán dentro del ámbito de
control y fiscalización de dichos servicios.
29. La “Comisión de Usuarios” del sistema de Seguro de cesantía
La misma ley creó una llamada “Comisión de Usuarios”, que puede pedir a
la empresa Administradora de Fondos de Cesantía, AFC Chile, entre otros:
a) Copia de
las actas de la Junta de Accionistas y de la memoria anual, e
b) Informes relativos a los criterios y procedimientos utilizados por dicha Sociedad Administradora para cumplir con sus obligaciones.
b) Informes relativos a los criterios y procedimientos utilizados por dicha Sociedad Administradora para cumplir con sus obligaciones.
Asimismo, tal Comisión está especialmente facultada para conocer y ser
informada por la Administradora, por ejemplo, de los:
a) Procedimientos para asegurar el pago oportuno y
pertinente de las prestaciones del Seguro;
b) Criterios utilizados por la
Sociedad Administradora para cumplir con las políticas e instrucciones sobre
información a los cotizantes en materia de rentabilidad y comisiones,
determinadas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,
y
c) En general, las medidas,
instrumentos y procedimientos destinados al adecuado cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato de prestación de los servicios de
administración de los Fondos de Cesantía y de Cesantía Solidario y el adecuado ejercicio
de las funciones que la ley asigna a la Administradora.
Está integrada por siete miembros: un miembro
presidente designado por el Presidente de la República, añadiéndose tres representantes de la gran
patronal, y tres de los trabajadores cotizantes del seguro.
Ellos
duran en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos.
Deben
ser cotizantes del sistema.
Son
nominados por las organizaciones
-según señala la ley-, “más representativas” de empleadores y
trabajadores. Como la Dirección del Trabajo ha considerado que es la CUT la que
reúne dicho rasgo en lo que atañe a trabajadores, la cúpula de esta entidad
designa los tres cupos que corresponden a la parte trabajadora. Lo ha hecho desde
el año 2002.
30.
Los “representantes” de los trabajadores
Arturo
Martínez ocupó uno de los tres cargos “laborales” en la Comisión durante dos períodos
seguidos, esto es, 72 meses. Esto, a la vez que él mismo era presidente de la
CUT; es decir, se autonominaba.
En el último tiempo lo han sido Guillermo Salinas,
José Díaz y Noris Quezada.
Según el mandato legal, ellos representarían a todos
los trabajadores y trabajadoras del país, no sindicalizados y sindicalizados y,
si lo estuviesen, no sólo a la CUT sino a cualquier –a toda- entidad sindical.
A todos.
Por tanto, los “representantes”
de los trabajadores deberían rendir
cuenta de su gestión a todos los trabajadores. Esto no ha ocurrido en doce años.
Los miembros reciben
dieta o remuneración, cuyo monto es de 24 unidades de fomento por cada sesión a
la que asisten (más de 590.000 pesos mensuales al valor de hoy), de cargo de la
Sociedad Administradora. Dieta en dinero establecida mediante decreto
presidencial de Ricardo Lagos (número 214, del año 2001, de Ministerio del
Trabajo).
Sesionan al menos una
vez al mes, los doce meses del año.
Emiten Informes anuales,
y una Memoria que comprende ciclos de cinco años de actividad (artículos 55, 56
y 57)[18].
31. ¿Quiénes han aparecido como “representantes
laborales”?
Han pasado como representantes laborales en esa Comisión
varios dirigentes nacionales de la CUT, entre ellos Arturo Martínez, quien
–como señalamos- se repitió dos períodos, es decir, 72 meses, ya que indican
sesionar los doce meses del año (incluido enero y febrero).
Otras personas son
Hernán Bravo Aravena, Guillermo Sherping Villegas, Miguel Vega Fuentes, Jorge
Millán Baeza, Guillermo Salinas Vargas, José
Díaz Zavala y Noris Quezada Concha.
32. Su
comportamiento concreto
Aunque en la letra de
la ley su campo de acción pueda parecer limitado, cualquier dirigente de
trabajadores sabe que debe ejercer
toda instancia, toda oportunidad, toda coyuntura, toda comisión, todo momento,
para denunciar y trasparentar los vicios legales que lesionan los derechos e
intereses de sus asociados. Más incluso si son dirigentes nacionales, de tiempo
completo.
Y que, por ningún
motivo, debe validar o legitimar, con su silencio o con su firma, vicios
graves, tal como lo es, en ese mismo Seguro, la facultad patronal para
recuperar su aporte mensual a la cuenta por cesantía que lleva cada trabajador
(del 1,6% remuneratorio), una vez que despide al trabajador, extrayéndolo de la
indemnización por años de servicio que debe pagarle. Con ello, en verdad, el
Seguro se financia sólo con la cotización del propio trabajador; por ello es
que implica un ardid legal[19].
Afirman que es medio de “real participación”, pero no intentan
modificar el régimen
Más incluso, ellos mismos expresan textualmente: “Consideramos que la capacidad de representar los intereses de los
usuarios significa una real participación de las organizaciones de la sociedad
civil…”.
Es decir, según ellos mismos, este medio, esta Comisión, sería un modo
de participación “real” (es decir, efectiva,
eficaz).
Sin embargo, revisando
los Informes Anuales y Memorias quinquenales de la citada Comisión (los mismos documentos en que expresan que ésta es una
instancia de “real participación”), no se ubican o
localizan críticas o enjuiciamiento a tal embuste legal; peor aun,
representantes de los trabajadores aparecen validando, con sus firmas,
iniciativas para instalar nuevas cargas para su propio sector.
En efecto, de sus Informes, y Memoria del primer ciclo
(2002-2006), documentos con la firma de los siete miembros, se evidencia
ausencia de verdadero debate sobre el fondo de la regulación, tema que
independientemente de estar o no en su marco de funciones oficiales,
debería ser incorporado por todo representante de trabajadores. Al no ocurrir,
se hace notorio que las tareas de dicha Comisión
son funciones cosméticas, aparentándose “participación”
donde realmente no la hay.
Esta situación
interesa e implica a todos: los controladores de la CUT usan de estas
designaciones, pero lo hacen porque la Dirección del Trabajo entendió que era
la central más representativa (según
sus registros). Están allí, y reciben dieta (más de medio millón de pesos por
sólo asistir cada mes), porque se supone legalmente que tales personas
representan a todos los trabajadores
cotizantes del sistema, sindicalizados a cualquier entidad, e incluso no
sindicalizados.
¿Vía de
aprovechamiento individual, guardando silencio frente a dramas laborales,
siendo que es su deber ponerlos sobre la mesa?
Estas personas deben explicaciones
sobre su conducta silenciosa mientras ejercieron –y ejercen- como comisionados;
y sobre el destino de esos dineros, monto cuantioso.
Suscribir tales Informes y guardar silencio sobre las
perniciosas características de la imperante regulación significa consentir y
aprobar, permitir y consolidar un régimen nefasto para la parte trabajadora.
En los hechos, tal
comportamiento valida, afianza y asegura dicho régimen.
Con su conducta, tanto
activa como omisiva, en la práctica han aprobado la gestión de un Seguro de
Cesantía construido para el interés empresarial, que, insistimos, permite a los
patrones despedir descontando de la indemnización por años servidos, la suma incrementada
de su 1,6% mensual de aporte (ley 19.728, artículo 13), suma que puede llegar
al 30% de la señalada indemnización.
Reiteramos. Afirman que esta vía “significa una real participación de las organizaciones de la sociedad
civil…”. No
obstante, en ese rol como “partícipes”,
nada hacen para modificar la regulación.
Debe informarse del sistema que regula al seguro de
cesantía; debe esclarecerse la conducta de los representantes laborales en la
llamada “Comisión de Usuarios”, de
dicho sistema.
Debe
exigirse que se elimine el descuento de aporte patronal al momento de liquidar
la indemnización por años servidos, por cuanto el sistema del seguro de
cesantía, tal como está, envuelve un engaño legal; hoy día, cada trabajador
financia su propio seguro, su propia cesantía.
33. Parte
de un sistema viciado
Integra una trampa mayor: difundiéndose o proyectándose la imagen de un
régimen laboral que se desarrolla “adecuadamente”, implícitamente se
asume, tanto la flexibilidad laboral, como el que sean los
propios trabajadores los que financien en parte importante no sólo su cobertura
fuera del empleo, sino solucionen los déficit de la empresa
administradora.
34. La
“Comisión de Usuarios” no examina ni critica el poder o derecho
patronal de imputación (descuento de su
aporte, rebajando la
indemnización por años servidos del
trabajador)
Por el contrario, ya en su Informe del año 2004, presentado en
junio de 2005 (pág. 9, punto 3), incluso postularon añadir un ahorro “voluntario”
por cesantía:
Tal
anhelo es repetido en su Sexto Informe anual, correspondiente al año 2007 (pág.
24):
Sobre tales invitaciones a
ahorros “voluntarios”, cabe preguntarse:
¿Acaso los empleadores aceptan aportar algo que no puedan descontar de la
indemnización por años de servicio de sus dependientes?
En la práctica implicará más aportes del propio trabajador.
35. Solucionan
déficit a costa de los trabajadores
Irónicamente, en ese mismo Informe la Comisión de Usuarios reconoce el
déficit de la administradora, y tácitamente aprecia la medida de la
Superintendencia de Pensiones para superarlo, permitiendo a la administradora
cobrar comisión no sólo sobre la parte del saldo correspondiente al empleador
en la cuenta individual por cesantía, sino sobre el saldo total.
Así, mediante una simple resolución de la entidad a la cual le
corresponde fiscalizarle, la empresa administradora solucionó su
déficit, a costa de los fondos de cada trabajador.
Conociendo la inspiración ideológica neoconservadora que tiñe esta
regulación, eran previsibles los métodos de financiamiento seleccionados para
este sistema: que no tocarían mayormente los bolsillos patronales, aunque sí
los del afiliado, ya que a su 0,6% debe añadirse el 1,6% patronal, que se le descuenta
de la indemnización por años de servicio; con ello, en verdad, los trabajadores
aportan el 2,2% de su remuneración.
______________
[1] Regulación establecida en ley
19.728 de 2001, modificada mediante leyes 20.288 de 2008, 20.328 y 20.351 de
2009, 20.440 de 2010, 20.552 de 2011, 20.595 de 2012 y 20.720, de 2014. Ya en
el momento del inicio de su vigencia - y desde varias décadas atrás- existía
otro sistema, llamado “Subsidio de Cesantía”.
[3] Las
referencias a artículos legales sin especificación, deben entenderse formuladas
a la ley 19.728 y sus modificaciones.
[4] Sociedad anónima cerrada
cuyo giro único y exclusivo es administrar dos Fondos, denominados Fondo de
Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario, y otorgar y administrar las
prestaciones y beneficios sobre Seguro de Cesantía.
Pero no es gratis; tal megaempresa
se alimenta de comisiones extraídas
de las Cuentas de los propios trabajadores cotizantes.
[5] De
monto anual inicial de 225.792 unidades tributarias mensuales.
[6] Recordemos dicho número 4 del artículo 159:
El contrato de
trabajo terminará por “Vencimiento del
plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá
exceder de un año.
El trabajador que
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a
plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde
la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una
duración indefinida.
Tratándose de
gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración
del contrato no podrá exceder de dos años.
El hecho de
continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador
después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida.
Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo.”.
[7] Oficio
12.300, del 21 de agosto de 2002, Superintendencia de Pensiones.
[8] Necesario
es tener presente lo siguiente.
El artículo 159 del Código del trabajo comprende, como
causales de término de contrato:
1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con
treinta días de anticipación, a lo menos.
3. Muerte del trabajador.
4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración
del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El trabajador que
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a
plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde
la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una
duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que tengan un título
profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del
Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos
años. El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento
del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de
duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un
contrato de plazo fijo.
5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
6. Caso fortuito o fuerza mayor.
El artículo 160 establece
que El
contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el
empleador le ponga término invocando
una o más de las siguientes causales:
1.
Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas,
que a continuación se señalan:
a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño
de sus funciones;
b) Conductas de acoso sexual;
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en
contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma
empresa;
d) Injurias proferidas por el trabajador al
empleador;
e) Conducta inmoral del
trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y
f) Conductas de acoso laboral.
2.
Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren
sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
3.
No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos
días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual
período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de
parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo
abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la
obra.
4.
Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
a) la salida intempestiva e
injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de
trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y
b)
la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el
contrato.
5.
Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al
funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los
trabajadores, o a la salud de éstos.
6.
El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones,
maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.
7. Incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato.
El artículo 161 expresa: El empleador también
podrá poner término al contrato invocando como causal las necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la
racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad,
cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la
separación de uno o más trabajadores. En el caso de los trabajadores de casa
particular (y ejecutivos especiales), el contrato de trabajo podrá, además,
terminar por desahucio escrito del empleador, que debe darse con treinta días
de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo. No se
requiere tal anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, al momento
de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última
remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos
o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane
de la naturaleza de los mismos.
Más información sobre esta causal de término contractual: SOBRE EL PODER
PATRONAL DE LIBRE DESPIDO EN CHILE.
El artículo 163 bis establece que
también el
contrato de trabajo terminará en caso que el empleador fuere sometido a un
procedimiento concursal de liquidación. La fecha de la resolución de esta
última resolución será la fecha de término del contrato de trabajo.
Y el artículo 171 dispone que, si quien
incurriere en las causales de los números 1, 5 ó 7 del artículo 160 (ya vistas)
fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al
Juzgado respectivo.
[9]
Respecto de la cotización destinada a solventar el denominado Seguro de
invalidez y sobrevivencia, las patronales deben asumir ese costo, no debiendo
descontarlo de la remuneración del trabajador. En cambio, deberán seguir
cargando con este descuento los jóvenes que perciban subsidio previsional,
mientras lo perciban (ley 20.255, artículo 91, número 9, y artículo transitorio
47º).
[10] Nota
Interna FIS-210, de 17 de marzo de 2003, Superintendencia de Pensiones.
[11] A la
firma del trabajador debe anteponerse la frase: "leyó y ratificó ante
mi".
[12] Lo
son el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical
respectivos, un Inspector del trabajo, un notario público, el oficial del
Registro Civil de la comuna o sección de comuna o el secretario municipal
correspondiente.
[13] Esto, según información
suministrada por el sitio web de la AFC.
[14] Sin
perjuicio de las contenidas en la ley 19.361.
[15] Y no
obstante lo establecido en los artículos 12 y 14 de la ley 17.322.
[16]
Regulado por normas especiales (decreto supremo 250, de 2001, de la
Subsecretaría del Trabajo).
[17] Causales
establecidas en el Código del trabajo, artículo 159, números 4, 5 y 6, artículo
161 y artículo 163 bis.
[18] En el ámbito del Sistema de pensiones, inició su
operación otra “Comisión de Usuarios”, con tareas simbólicas.
[19] Sobre los deberes
fundamentales de la Central Unitaria de
Trabajadores, véase CUT Y OBLIGACIONES BÁSICAS.
